A pocos días de celebrarse la histórica elección judicial en México, un estudio demoscópico elaborado por Enkoll para EL PAÍS y W Radio revela que la participación ciudadana podría alcanzar apenas un 22.9%. La cifra, aunque modesta, duplica las previsiones iniciales de abril, cuando la participación estimada rondaba el 11%, y refleja un creciente interés ante una reforma que ha polarizado el debate público.
Levantada entre el 18 y el 20 de mayo, la encuesta expone un panorama de desinformación generalizada: si bien el 86% de los ciudadanos reconoce haber oído hablar de la convocatoria, solo el 48% puede precisar que los comicios se realizarán el 1 de junio. De ese universo, un 38% afirma que acudirá a votar, lo que proyecta la cifra de participación en el rango del 23%.
“La ciudadanía expresa esperanza en el nuevo sistema judicial. Quienes participarán lo hacen por responsabilidad democrática”, afirma Heidi Osuna, directora de Enkoll.
Este ejercicio inédito contempla la elección de 881 cargos judiciales mediante seis boletas distintas, lo que ha derivado en un proceso complejo y de difícil comunicación para las autoridades electorales. El desconocimiento de los candidatos es generalizado: el 77% de los consultados no ha escuchado hablar de ninguno, y solo un 18% se declara “muy informado”. Esta circunstancia podría influir directamente en la forma de emitir el voto, donde el orden alfabético o el posicionamiento en la boleta adquirirán un peso determinante, advierte Osuna.
Pese a las críticas, la elección judicial cuenta con respaldo ciudadano incluso entre votantes opositores. Un 66% de los simpatizantes de Movimiento Ciudadano, 59% del PRI y 58% del PAN consideran que esta consulta es necesaria, lo que revela una disonancia entre las dirigencias partidistas —abiertamente críticas— y sus bases electorales. “Hay una desconexión evidente entre los liderazgos políticos y las percepciones de sus votantes”, agrega Osuna.
El 65% de los encuestados considera que este tipo de comicios puede fortalecer la confianza ciudadana en el Poder Judicial, mientras que un 60% cree que podría contribuir a reducir la corrupción y la impunidad. No obstante, las opiniones se fragmentan respecto al impacto en el combate al crimen organizado: apenas el 52% confía en que los jueces electos serán menos vulnerables a la influencia del narcotráfico, frente a un 37% que cree que el nuevo sistema podría amplificar la injerencia del crimen.
El umbral de legitimidad es otro foco de atención. Para el 62% de los ciudadanos, el proceso solo será representativo si se alcanza una participación superior al 60%, una expectativa difícil de cumplir, más aún si se compara con los niveles de involucramiento en elecciones presidenciales.
El estudio también midió la aprobación de la presidenta Claudia Sheinbaum, quien a casi ocho meses de haber asumido el cargo mantiene una calificación positiva del 83%, un punto por encima del registro obtenido en marzo. La mandataria goza de altos niveles de aceptación incluso entre votantes opositores: un 72% de los panistas y un 76% de los simpatizantes de MC avalan su gestión.
No obstante, se observa un descenso en el respaldo respecto a la relación bilateral con Estados Unidos. La aprobación de su manejo frente a Washington, especialmente en torno a Donald Trump, ha bajado de 75% en enero a 62% en mayo. Osuna aclara que esta caída responde tanto a la percepción ciudadana como a la incertidumbre sobre futuras decisiones del exmandatario estadounidense.
En cuanto a temas de seguridad nacional, persiste un rechazo mayoritario (61%) a permitir el ingreso de agentes estadounidenses para combatir al crimen organizado, y un 57% de los encuestados se opone a que Washington declare terroristas a los cárteles mexicanos.
Pese a las controversias internas y los desafíos internacionales, el partido gobernante Morena mantiene su liderazgo electoral, con una preferencia del 51%, un punto más que en marzo. Ni la complejidad de la elección judicial ni las tensiones diplomáticas parecen erosionar la relación entre el electorado y el oficialismo.
Fuente: El País