México
En un contexto de alta polarización política y con reformas al Poder Judicial en el horizonte, el Instituto Nacional Electoral (INE) anunció la acreditación de 375 observadores internacionales que supervisarán el proceso electoral del 2 de junio en México, incluidas las votaciones para nuevos jueces y magistrados en varias entidades federativas.
El creciente interés internacional se explica por la dimensión inédita del proceso: por primera vez en la historia reciente del país, se elegirán cargos judiciales mediante voto popular directo, una propuesta impulsada por el oficialismo y que ha generado debates sobre la independencia de los órganos jurisdiccionales.
El INE informó que los observadores provienen de organismos como la OEA, la ONU, Transparencia Internacional y la Red de Observación Electoral de América Latina (ROEAL). Su labor será monitorear el cumplimiento de estándares democráticos, el respeto al sufragio y la no intervención de poderes fácticos en el proceso judicial-electoral.
Desde el ángulo jurídico, esta votación plantea interrogantes sobre el principio de inamovilidad de jueces, consagrado en el artículo 116 constitucional, y la posible politización del sistema de justicia a través de campañas financiadas por partidos o intereses privados.
Organizaciones como México Evalúa y el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM han advertido que la elección popular de jueces podría vulnerar la imparcialidad y tecnicismo del Poder Judicial, además de abrir la puerta a conflictos de interés y clientelismo judicial.
Sin embargo, sectores progresistas consideran que la democratización del acceso al poder judicial es una deuda histórica del país y que el escrutinio ciudadano podría mejorar la rendición de cuentas de jueces y magistrados, hoy percibidos como una élite cerrada.
El proceso se presenta como una prueba de fuego tanto para el sistema electoral como para el judicial, y sus resultados podrían marcar el rumbo de una posible reforma constitucional más amplia en el segundo semestre del año.
Fuente: El Ciudadano