El Parlamento uruguayo se encuentra en una encrucijada legislativa al discutir el polémico proyecto de ley para el rescate financiero de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Profesionales Universitarios (CJPPU), una entidad autónoma que atraviesa una profunda crisis estructural. El texto propone inyectar fondos públicos a cambio de una reforma en el régimen previsional que incluye aumento de aportes, edad de retiro y ajuste de beneficios.
La iniciativa, promovida por el Ejecutivo, busca garantizar la continuidad de pagos a más de 17.000 jubilados y evitar la quiebra de un sistema que, según informes de auditoría y del propio Banco Central, presenta pasivos insostenibles a mediano plazo. La urgencia del proyecto ha sido reconocida incluso por opositores, pero no sin objeciones de fondo.
Uno de los puntos más controvertidos es la cesión de autonomía de la Caja a cambio de recursos estatales. Desde el punto de vista jurídico, esto podría vulnerar el principio de autogestión de los entes paraestatales, contemplado en la legislación uruguaya y avalado por fallos anteriores de la Suprema Corte. Abogados constitucionalistas han alertado sobre la posible inconstitucionalidad si no se logra un consenso con los afiliados.
Por su parte, los gremios profesionales, como médicos, abogados e ingenieros, han convocado movilizaciones para exigir un “rescate con garantías”, que preserve su representatividad en el directorio y evite una reforma que consideran “impuesta desde el poder político”.
El proyecto necesita mayoría especial en el Senado, donde aún no están asegurados todos los votos. La coalición oficialista ha comenzado negociaciones con independientes y sectores moderados del Frente Amplio, quienes proponen incluir una cláusula de revisión bianual para monitorear los efectos sociales y financieros del rescate.
Desde una perspectiva regional, este caso se asemeja a la reciente intervención estatal en cajas previsionales de Argentina y Brasil, aunque en contextos normativos muy distintos. En todos los casos, se pone en tensión el equilibrio entre sostenibilidad financiera y respeto a la autonomía profesional.
El destino del proyecto será clave no solo para el sistema previsional uruguayo, sino para el debate más amplio sobre el rol del Estado en la crisis de instituciones autónomas en América Latina.
Fuente: El Observador