Colombia
El presidente Gustavo Petro anunció que convocará una consulta popular para validar sus reformas sociales por decreto, sin esperar la aprobación del Senado ni la revisión de la Corte Constitucional. La decisión ha provocado una tormenta institucional en Colombia y reavivó el debate sobre los límites del presidencialismo en América Latina.
La consulta buscaría refrendar temas clave como la reforma a la salud, laboral y pensional, bloqueadas en el Congreso por falta de mayorías. Petro justificó la medida apelando al “poder constituyente del pueblo”, y acusó a la Corte de actuar con lentitud y sesgo político.
Según el artículo 103 de la Constitución, la consulta popular debe contar con aval del Senado y dictamen previo de la Corte Constitucional. Sin ese paso, el decreto presidencial podría ser considerado nulo de pleno derecho. Varias ONG y juristas ya han anunciado demandas ante el Consejo de Estado y la Corte Interamericana.
La Procuraduría General ha advertido que se estaría quebrantando el equilibrio de poderes, y la Asociación Nacional de Abogados Litigantes ha convocado a una cumbre constitucionalista para analizar posibles escenarios de “crisis de legalidad”.
El antecedente más cercano es el intento fallido de Álvaro Uribe en 2010 por una reelección mediante referendo, también cuestionado por la Corte Constitucional. En esta ocasión, sin embargo, la diferencia está en que Petro podría activar un mecanismo de facto, aun sin los requisitos legales.
Internacionalmente, el anuncio ha generado preocupación en organismos como la OEA y Human Rights Watch, que han señalado los riesgos de debilitar el control constitucional en nombre del mandato popular.
El gobierno ha dicho que avanzará con la consulta el 7 de julio si no hay dictamen de la Corte antes del 30 de junio. De ocurrir, Colombia entraría en un terreno inédito de confrontación institucional, cuyas consecuencias podrían alterar la arquitectura constitucional misma del país.
Fuente: Infobae