Actualidad Jurídica
La administración del expresidente Donald Trump presentó un anteproyecto que busca habilitar al Departamento de Justicia para retirar la nacionalidad estadounidense a migrantes naturalizados que hayan sido condenados por ciertos delitos civiles considerados graves. La propuesta encendió de inmediato críticas de organizaciones civiles y juristas que la califican como una amenaza directa al principio de igualdad ante la ley.
El documento preliminar contempla que el retiro de la ciudadanía podría proceder contra quienes hubieran incurrido en fraude migratorio agravado, delitos fiscales de alto impacto o conductas que “atenten contra la confianza pública”. La medida se justificaría, según sus redactores, como un mecanismo de “protección del orden constitucional y de la seguridad nacional”.
Especialistas en derecho constitucional subrayan que el principio de la ciudadanía adquirida por naturalización solo puede ser revocado mediante un proceso judicial con todas las garantías de debido proceso. La jurisprudencia de la Corte Suprema ha establecido estándares muy restrictivos para despojar a un ciudadano de su nacionalidad.
El Centro Nacional de Leyes de Inmigración advirtió que la propuesta vulnera precedentes históricos, como el fallo de Afroyim v. Rusk, que determinó que el gobierno no puede privar de la ciudadanía sin el consentimiento expreso del individuo, salvo en casos específicos de fraude probado en el proceso de naturalización.
La iniciativa también fue criticada por organizaciones que defienden derechos de migrantes, quienes advirtieron que delitos civiles como ciertos fraudes fiscales o infracciones administrativas no deberían equipararse a traición o terrorismo, únicas causales tradicionalmente admitidas.
Portavoces republicanos aseguraron que el anteproyecto se enmarca en una política de “tolerancia cero” y que busca disuadir prácticas fraudulentas que afectan la confianza pública en el sistema migratorio. No obstante, la propuesta aún no ingresa formalmente al Congreso y podría enfrentar bloqueos legislativos y demandas judiciales.
Si prospera, la medida significaría un endurecimiento histórico del régimen de ciudadanía en Estados Unidos, con posibles repercusiones sobre millones de migrantes naturalizados y sus familias.
Fuente: El País