El semanario británico The Economist publicó un análisis sobre la reforma judicial impulsada por el gobierno mexicano, titulando que dicha iniciativa pone en riesgo el Estado de derecho. El artículo advierte que la propuesta, que busca elegir a todos los jueces mediante voto popular, podría debilitar la independencia judicial y abrir la puerta a la influencia del crimen organizado en el sistema legal del país.
Actualmente, los jueces son designados a través de exámenes y procesos institucionales. La reforma plantea sustituir este modelo por uno en el que todos los jueces —desde tribunales locales hasta la Suprema Corte y tribunales electorales— sean electos directamente por la ciudadanía.
La primera elección está programada para el 1 de junio de 2025, momento en que México se convertiría en el único país en el mundo donde todos los jueces son elegidos por voto popular, requiriendo solo un título en derecho y ciertos requisitos básicos para postularse.
The Economist señala que esta forma de selección puede poner en riesgo la imparcialidad de los jueces, quienes podrían quedar sujetos a presiones políticas y populistas que comprometan su autonomía. Además, alerta que la esperada baja participación ciudadana favorecería a candidatos apoyados por Morena, partido en el poder que controla el Congreso federal y la mayoría de los congresos locales. Esto, advierte el semanario, podría fortalecer el control político sobre el Poder Judicial, especialmente con la creación de un tribunal disciplinario integrado por jueces electos.
Otra preocupación destacada es la posible infiltración del crimen organizado en el proceso electoral judicial, particularmente en regiones donde estos grupos tienen peso político. Podrían influir en la movilización de votos o incluso apoyar candidatos afines, lo que erosionaría la confianza del sector empresarial y generaría incertidumbre jurídica, afectando la inversión nacional y extranjera.
Respecto a la presidenta Claudia Sheinbaum, The Economist reconoce su popularidad y avances en seguridad y relaciones comerciales con Estados Unidos, pero cuestiona su decidido respaldo a esta reforma desde octubre de 2024, lo que podría modificar su imagen política.
Medios internacionales como The New York Times y The Washington Post han expresado preocupaciones similares, citando opiniones de expertos, diplomáticos y defensores de derechos humanos que alertan sobre los riesgos de politización y pérdida de independencia del Poder Judicial.
Esta elección judicial forma parte de una reforma constitucional aprobada por el Congreso, que transforma de manera profunda el sistema de justicia en México.
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El Instituto Nacional Electoral (INE) será responsable de organizar el proceso, que se realizará simultáneamente con las elecciones federales y locales. Aunque el gobierno presenta esta medida como un avance para democratizar el Poder Judicial, la reforma ha generado un intenso debate nacional e internacional sobre sus posibles efectos a largo plazo.