Ecuador
La presencia de vínculos familiares dentro de la Asamblea Nacional de Ecuador vuelve a estar en el centro del debate público, esta vez en torno a Dominique Serrano, el legislador más joven del país. Con apenas 19 años, Serrano fue captado garabateando durante una sesión parlamentaria clave, hecho que fue solo el inicio de una serie de revelaciones que han expuesto una red de relaciones familiares vinculadas a cargos públicos dentro del Legislativo.
Serrano, elegido por la provincia de Pichincha en las elecciones anticipadas de 2023 bajo el partido oficialista Acción Democrática Nacional (ADN), ha sido promovido como rostro de la renovación política impulsada por el presidente Daniel Noboa. Sin embargo, la atención mediática giró rápidamente del gesto anecdótico a las conexiones familiares que rodean su entorno laboral.
Según información oficial, su madre, Lía Molina, trabajó como asesora del legislador oficialista Eckner Recalde hasta mayo de 2025. Por su parte, su hermano Jeremy Serrano ocupa un puesto administrativo dentro de la Asamblea Nacional. A esto se suma que su asambleísta alterna, Nathaly Recalde, es hija del mismo legislador Eckner Recalde, lo que ha generado señalamientos sobre posibles conflictos de interés y prácticas cuestionables dentro del órgano legislativo.
Estos vínculos han levantado críticas entre abogados y analistas políticos, quienes debaten si se trata de nepotismo —una práctica prohibida— o de una figura conocida como “gestión de cargos públicos”, que también podría derivar en sanciones. La percepción pública ha sido contundente: se cuestiona la transparencia y la ética en el manejo del recurso humano en el Estado.
Ante la creciente presión, el presidente de la Asamblea Nacional, Niels Olsen, anunció la noche del 7 de julio una serie de medidas para erradicar lo que calificó como una “vieja práctica” del Parlamento ecuatoriano. Olsen solicitó al Consejo de Administración Legislativa (CAL) una reforma urgente al Reglamento Interno de Talento Humano, con el fin de prohibir la contratación de familiares de asambleístas y funcionarios en cualquier área de la Asamblea.
“No es un eslogan, es un compromiso real”, aseguró Olsen. Como parte del plan de acción, se pidió la renuncia de 40 funcionarios con vínculos familiares dentro de la institución. También se inició una auditoría de los nombramientos heredados de administraciones anteriores y se prometió una limpieza estructural basada en criterios éticos.
A esto se sumará una reforma al Código de Ética de la Función Legislativa. Todos los legisladores deberán firmar y cumplir dicho código como parte de su ejercicio institucional. La Asamblea habilitó, además, un canal confidencial para denunciar casos de nepotismo, garantizando protección a quienes se atrevan a reportar irregularidades.
Hasta el momento, ni Dominique Serrano ni su equipo han emitido comentarios públicos sobre la situación de sus familiares. Su bancada, ADN, también ha guardado silencio institucional. No obstante, la legisladora Diana Jácome salió en su defensa, calificando los señalamientos como una forma de “bullying” político.
El caso ha reavivado el debate sobre la ética pública y la profesionalización del servicio legislativo en Ecuador. Aunque no se ha confirmado si entre los funcionarios cuya renuncia fue solicitada están los familiares de Serrano, el episodio vuelve a poner en evidencia un patrón histórico que ha sido objeto de denuncias en el pasado: la concentración de poder y cargos entre redes familiares dentro del Estado.