Chile
El gobierno de Gabriel Boric ingresó al Congreso un proyecto de ley que busca legalizar la interrupción voluntaria del embarazo sin causales, hasta la semana 14 de gestación. La iniciativa, una de las promesas de campaña más emblemáticas del oficialismo, reabre el debate sobre los derechos reproductivos en Chile y podría posicionar al país entre los más progresistas de la región.
Desde 2017, Chile permite el aborto en solo tres circunstancias: peligro de vida para la madre, inviabilidad fetal y violación. La actual propuesta elimina esas restricciones y establece un marco de acompañamiento médico, confidencialidad y gratuidad en el sistema público.
El Ministerio de la Mujer y Equidad de Género ha defendido el proyecto como una medida de justicia social y salud pública. La ministra Antonia Orellana señaló que “la penalización del aborto genera más muertes que nacimientos”, en alusión al subregistro de abortos clandestinos.
Juristas favorables al proyecto destacan su alineación con estándares internacionales como los del Comité de Derechos Humanos de la ONU y la Opinión Consultiva 24/17 de la Corte IDH, que reconoce el derecho de las mujeres a decidir sobre su cuerpo como parte del derecho a la vida privada.
La oposición, encabezada por partidos de centroderecha y grupos religiosos, ha anunciado recursos de inconstitucionalidad en caso de ser aprobado. Argumentan que el proyecto vulnera la protección del “que está por nacer”, reconocida por la Constitución chilena.
El debate legislativo será complejo. El oficialismo necesitará construir alianzas para aprobarlo en ambas cámaras. Por ello, se ha anunciado una ronda de audiencias públicas con expertos, colegios médicos, organizaciones de mujeres y líderes religiosos.
De aprobarse, Chile seguiría el camino de Argentina y México, consolidando un bloque regional en favor de los derechos reproductivos. El impacto jurídico, sin embargo, dependerá también de cómo se resuelva la futura discusión constitucional que el país mantiene en paralelo.
Fuente: Infobae