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Un juez federal en Estados Unidos ordenó que el control de la Guardia Nacional de California vuelva a estar en manos del gobernador Gavin Newsom, luego de declarar inconstitucional la decisión de Donald Trump de federalizar esa fuerza sin consentimiento estatal. La sentencia representa un revés significativo para las políticas de intervención del expresidente en materia de seguridad interna, al establecer que la autonomía de los estados no puede ser socavada por decisiones unilaterales del Ejecutivo federal.
El fallo, emitido por el juez Charles Breyer, sostiene que el despliegue de efectivos realizado durante el mandato de Trump violó la Décima Enmienda de la Constitución, que resguarda la soberanía de los estados frente a la autoridad federal. Esta cláusula fue el eje jurídico de la controversia, al cuestionarse si el Ejecutivo puede movilizar a la Guardia Nacional sin el aval del gobernador correspondiente.
Durante el conflicto, aproximadamente 4,000 efectivos de la Guardia Nacional y más de 700 marines fueron enviados a Los Ángeles con la justificación de reforzar operativos de control migratorio y seguridad pública. Sin embargo, el gobierno estatal alegó que esta intervención se realizó sin su autorización y que las tropas fueron utilizadas con fines políticos más que operativos.
El gobernador Newsom celebró el fallo como un triunfo de la legalidad y de los pesos y contrapesos del sistema federal. Señaló que esta resolución “frena tendencias autoritarias” y garantiza que las tropas de la Guardia Nacional sean utilizadas conforme a los intereses y prioridades del estado, especialmente en áreas como emergencias, incendios forestales y protección de infraestructura.
Pese al fallo favorable a California, una corte de apelaciones otorgó una suspensión temporal de la orden para mantener el despliegue bajo control federal hasta que se resuelva el fondo del litigio. Esto deja en suspenso la restitución plena de competencias y anticipa una posible disputa prolongada en tribunales superiores.
La decisión ha abierto un debate más amplio sobre la militarización de la seguridad pública en contextos no bélicos y sobre los límites del poder federal frente a los estados. En particular, se cuestiona si el Ejecutivo puede invocar razones de orden interno para desplazar fuerzas sin supervisión ni coordinación con las autoridades locales.
Una nueva audiencia está prevista para el 20 de junio ante la Corte del Noveno Circuito, la cual tendrá la última palabra sobre la validez de esta maniobra federal y sus implicaciones para futuras decisiones en materia de despliegue militar dentro del país.
Fuente: DW, El País