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El gobierno de Guatemala decidió reforzar su presencia militar y policial en los departamentos fronterizos con México, luego de denunciar una incursión no autorizada de agentes de seguridad mexicanos en su territorio. La medida fue adoptada como una respuesta preventiva ante lo que el Ejecutivo considera una vulneración de soberanía, en un contexto de creciente presión migratoria y actividad criminal transfronteriza.
El operativo, denominado “Cinturón de Fuego Occidente”, contempla el despliegue conjunto del Ejército, la Policía Nacional Civil y unidades élite Kaibil en puntos estratégicos de las regiones de Huehuetenango, San Marcos y Petén. La vigilancia se intensificará mediante patrullajes terrestres y uso de drones, en coordinación con autoridades locales para evitar confrontaciones y asegurar el respeto al límite territorial.
Según las autoridades guatemaltecas, la decisión fue tomada tras detectar movimientos no comunicados por parte de fuerzas mexicanas en sectores rurales del departamento de San Marcos. Aunque México no ha emitido una respuesta oficial sobre el incidente, fuentes diplomáticas confirmaron reuniones bilaterales de alto nivel para evitar una escalada o malentendidos entre ambas naciones.
El presidente Bernardo Arévalo instruyó al Ministerio de Defensa y al Ministerio de Gobernación a coordinar acciones de control del territorio y fortalecer la capacidad de respuesta ante cualquier actividad ilícita en la frontera. Se busca además contener el avance del crimen organizado en corredores clave utilizados para tráfico de armas, migrantes y drogas, en una zona históricamente desatendida por el Estado.
Este nuevo despliegue tiene como trasfondo la presión internacional —especialmente de Estados Unidos— para frenar los flujos migratorios y mejorar la seguridad regional. Durante la reciente visita del secretario de Estado Marco Rubio a Ciudad de Guatemala, el tema fue tratado como prioritario, y se ofreció apoyo logístico y de inteligencia al gobierno guatemalteco.
No obstante, organizaciones de derechos humanos han expresado su preocupación por el uso de unidades Kaibil, señalando que estos cuerpos, aunque altamente entrenados, tienen un historial asociado a violaciones cometidas durante el conflicto armado interno. Abogan por mecanismos civiles de control y monitoreo, especialmente en comunidades indígenas cercanas a los puntos de despliegue.
Las operaciones seguirán activas de forma indefinida mientras el Ejecutivo evalúa los riesgos y avanza en la negociación de protocolos de frontera con las autoridades mexicanas. El Ministerio de Relaciones Exteriores ha indicado que se busca llegar a un acuerdo bilateral para evitar nuevas situaciones que comprometan la soberanía nacional y la seguridad regional.
Fuente: El Imparcial