Argentina
Con el voto de tres de cinco magistrados, la Corte Suprema de Justicia de la Nación rechazó la apelación y confirmó la condena a seis años de prisión por administración fraudulenta agravada contra la expresidenta argentina Cristina Fernández de Kirchner, en el marco del denominado caso Vialidad.
Aunque Fernández de Kirchner podrá acogerse al beneficio de la casa por cárcel debido a su edad (72 años), deberá presentarse ante el Tribunal Oral Federal 2 en un plazo de cinco días hábiles para ser detenida y alojada en una dependencia de la fuerza de seguridad federal.
Además, la Corte la inhabilitó de por vida para ocupar cargos públicos, lo que le impide participar como candidata a diputada por la provincia de Buenos Aires en las próximas elecciones parlamentarias de septiembre. La sentencia incluye el decomiso de 70,7 millones de dólares (equivalentes a 84.000 millones de pesos al 10 de junio), sumas que fueron usadas de forma discrecional durante su gestión, causando perjuicios a la Administración Pública Nacional.
El fallo sostiene que “las sanciones aplicadas son las que determina el ordenamiento jurídico vigente” y que la imposición de penas “tutela nuestro sistema republicano y democrático según las leyes penales dictadas por los representantes del pueblo en el Congreso de la Nación”.
En medio de protestas y cortes de rutas en respaldo a la exmandataria y contra la decisión de la Corte, los magistrados Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti confirmaron la sentencia de la Cámara de Casación que ratificó la condena original del Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 2 de 2022.
Simultáneamente, simpatizantes de Fernández de Kirchner se reunieron en Buenos Aires, frente al Partido Justicialista, del cual es presidenta y principal fuerza opositora al actual gobierno de Javier Milei. Mientras el presidente celebraba la decisión como un triunfo de la República, Sergio Massa y el Frente Renovador criticaron la “judicialización de la política” y cuestionaron la solidez de las pruebas.
La Fiscalía había solicitado aumentar la pena a 12 años e incluir el delito de asociación ilícita, pero la Corte no lo consideró.
Cristina Fernández de Kirchner gobernó entre 2007 y 2015 y fue vicepresidenta entre 2019 y 2023. Está acusada de haber usado al empresario Lázaro Báez como testaferro para adjudicar millonarios contratos viales en Santa Cruz, provincia que gobernó Néstor Kirchner entre 1991 y 2003.
La causa también es conocida como caso Grupo Austral, por la empresa Austral Construcciones, creada en 2022 y adjudicataria de 51 obras públicas en su mayoría inconclusas. La compañía se declaró en quiebra en 2018 y está en proceso de liquidación.
Desde el ámbito internacional, organizaciones como el Grupo de Puebla manifestaron su apoyo a la exmandataria. Por su parte, su defensa legal anunció que llevará el caso a instancias internacionales, denunciando violaciones a derechos fundamentales y calificando el fallo como una “venganza del poder” y una de las decisiones “más graves y vergonzosas” desde el retorno de la democracia en 1983.