Ecuador
En un giro simbólico pero político, legisladores ecuatorianos declararon mayo como el “Mes Anti-Chevron”, en conmemoración de las décadas de lucha judicial contra la petrolera estadounidense por contaminación ambiental en la Amazonía. La iniciativa, apoyada por organizaciones indígenas, renueva el compromiso del país con la reparación ambiental, aunque enfrenta críticas por su efectividad legal.
La conmemoración busca visibilizar el caso Chevron-Texaco, que lleva más de 30 años en disputa legal. Aunque Ecuador ganó una sentencia en cortes nacionales en 2011 por 9.500 millones de dólares, la ejecución internacional ha sido bloqueada por tribunales de arbitraje y cortes en EE. UU., Argentina y Canadá.
Legisladores de Pachakutik y la Revolución Ciudadana han impulsado un paquete de reformas legales que incluye sanciones a empresas que incumplan fallos ambientales y la prohibición de contratos con firmas que estén en litigio activo con el Estado.
Desde una perspectiva jurídica, el caso Chevron ha sido un laboratorio global sobre jurisdicción extraterritorial, arbitraje inversionista-Estado y derecho ambiental. La legislación ecuatoriana ha sido modificada para incorporar la responsabilidad empresarial, pero aún enfrenta dificultades de aplicación en el extranjero.
Las organizaciones indígenas han exigido que el Estado active la vía diplomática ante la Corte Internacional de Justicia y se sume a iniciativas globales como el Tratado Vinculante sobre Empresas y Derechos Humanos que se discute en la ONU.
El presidente de la Comisión de Justicia de la Asamblea ha anunciado audiencias públicas con expertos internacionales para analizar una eventual reforma al Código Orgánico del Ambiente que permita exigir garantías previas a empresas extractivas.
El “Anti-Chevron Month” busca no solo mantener viva la memoria de las víctimas de contaminación, sino reposicionar el caso como ejemplo de impunidad corporativa a nivel global. El camino jurídico, sin embargo, sigue cuesta arriba.
Fuente: Amazon Watch