El gobierno de México, encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum, interpuso una demanda civil contra la empresa tecnológica Google, tras detectar que en su servicio de mapas digitales, Google Maps, el tradicionalmente conocido “Golfo de México” aparece etiquetado como “Golfo de América” en la versión de la plataforma dirigida a usuarios en Estados Unidos.
La administración federal argumenta que este cambio unilateral constituye una violación a la soberanía nacional y representa un desconocimiento de tratados internacionales que reconocen oficialmente el nombre “Golfo de México”. La presidenta Sheinbaum señaló que más allá de ser un asunto simbólico, se trata de la defensa de un referente geográfico con valor histórico, cultural y jurídico, ampliamente aceptado por la comunidad internacional.
Según explicó la Secretaría de Relaciones Exteriores, el gobierno mexicano ha solicitado de manera formal a Google que revierta esta modificación y garantice que el nombre original se mantenga de forma uniforme en todas las versiones globales de la plataforma, sin distinción por región o configuración de idioma. Ante la falta de una respuesta satisfactoria, se procedió con la vía legal.
Expertos en derecho internacional y soberanía digital han expresado preocupación sobre el creciente poder de las corporaciones tecnológicas para definir y alterar referencias geográficas reconocidas, lo que podría sentar precedentes delicados para otros países. La controversia también ha reavivado el debate sobre los límites de la autorregulación en plataformas digitales que tienen alcance mundial.
El gobierno mexicano subraya que esta demanda no busca confrontación, sino la defensa de un principio: que la representación de territorios y nombres geográficos no puede estar sujeta a decisiones arbitrarias de empresas privadas, especialmente cuando afectan la identidad nacional y la percepción internacional del país. La acción legal se enmarca en una estrategia más amplia para garantizar el respeto a los símbolos y denominaciones reconocidas por instancias multilaterales como la ONU y la Organización Hidrográfica Internacional.
El caso se encuentra en sus primeras etapas y podría abrir un precedente legal relevante sobre la responsabilidad de las plataformas tecnológicas en la representación precisa y respetuosa de elementos geográficos sensibles para los Estados.