Reformas
La Asamblea Nacional de Nicaragua aprobó la derogación de la Ley de Identificación Ciudadana, un instrumento legal que durante años reguló la expedición de cédulas de identidad, documentos obligatorios para votar, acceder a servicios públicos y ejercer diversos derechos civiles.
El gobierno justificó la medida como un proceso de “modernización y simplificación administrativa”, afirmando que las competencias pasarán a otras instancias estatales que emitirán documentos de identidad “bajo un esquema actualizado”. Sin embargo, hasta ahora no se han publicado detalles claros de qué normativas reemplazarán este régimen.
La ley derogada establecía procedimientos detallados para la inscripción, renovación y sustitución de cédulas, así como sanciones por falsificación o uso indebido. Su eliminación, según expertos y organizaciones de derechos humanos, podría dejar un vacío normativo que afecte el acceso efectivo a la identificación oficial.
El Centro Nicaragüense de Derechos Humanos advirtió que la derogación se produce en un contexto de restricciones políticas y electorales, donde el control sobre los registros de identidad ha sido señalado como una herramienta de presión y exclusión hacia opositores o críticos del gobierno.
Además, analistas subrayan que en Nicaragua la cédula no solo tiene fines electorales, sino que también es indispensable para acceder a educación, salud, empleo formal y servicios bancarios. La falta de claridad sobre la transición normativa genera incertidumbre entre la población.
Diputados afines al oficialismo aseguraron que se emitirán reglamentos complementarios y que ningún ciudadano perderá su documento actual, pero no detallaron plazos ni mecanismos de sustitución.
Organizaciones internacionales como Human Rights Watch pidieron transparencia sobre los pasos siguientes y el respeto a los estándares interamericanos en materia de derecho a la identidad y participación política.
Fuente: Laprensani