El Consejo de Ministros ha aprobado este martes un proyecto de ley que establece la reducción de la jornada laboral máxima a 37,5 horas semanales, garantizando el mantenimiento del salario. Esta medida, fruto de un acuerdo con los sindicatos CCOO y UGT, fue adoptada sin el respaldo de las patronales CEOE y Cepyme.
El proyecto será remitido al Congreso de los Diputados, donde el Gobierno espera lograr los apoyos necesarios para su aprobación, aunque ya enfrenta una enmienda a la totalidad por parte de Junts y reservas del Partido Popular.
Beneficiará a más de 12 millones de trabajadores
La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, destacó que esta reforma impactará positivamente en unos 12,5 millones de trabajadores asalariados: 6,8 millones hombres y 5,7 millones mujeres. De estos, 10,5 millones trabajan a jornada completa. Los más beneficiados serán quienes no tienen convenio colectivo, especialmente en sectores como la hostelería, el comercio, la agricultura y los servicios.
Andalucía, Madrid y Cataluña serán las comunidades autónomas donde el cambio tendrá mayor alcance.
“Hoy modernizamos el mundo del trabajo en España y mejoramos la calidad de vida de millones de personas”, afirmó Díaz.
Un nuevo sistema de control horario digital
Más allá de la reducción horaria, el proyecto contempla una reforma integral del sistema de registro de jornada. Las empresas deberán implementar, en un plazo de seis meses desde la entrada en vigor de la ley, un sistema digital de control horario, interoperable, objetivo y accesible. Este deberá garantizar la autenticidad de los datos, estar disponible en tiempo real para la Inspección de Trabajo, y ser consultable por los trabajadores y sus representantes.
Además, se establece por ley el derecho a la desconexión digital fuera del horario laboral.
Sanciones más duras
El proyecto también introduce un régimen sancionador reforzado. Las empresas que incumplan las nuevas normas se enfrentarán a multas de hasta 10.000 euros por cada trabajador afectado. Las sanciones abarcan desde las irregularidades en la jornada, descansos y permisos hasta el incumplimiento del registro horario.
Los convenios colectivos que superen las 37,5 horas semanales tendrán hasta el 31 de diciembre para adaptarse a la normativa.