Reformas
El presidente Javier Milei firmó un decreto que habilita a las fuerzas de seguridad a detener, requisar e interceptar comunicaciones sin necesidad de orden judicial previa en situaciones de “prevención del delito”. La medida fue publicada en el Boletín Oficial y genera un fuerte debate constitucional en el país.
El texto modifica de facto aspectos del Código Procesal Penal y de leyes de inteligencia, al permitir que agentes de policía y gendarmería actúen con discrecionalidad en espacios públicos o ante “indicios razonables” de amenaza, sin intervención judicial inmediata.
Desde el Poder Ejecutivo se argumenta que la norma busca agilizar la acción de las fuerzas en entornos de alta criminalidad y prevenir delitos graves, incluyendo narcotráfico, terrorismo o violencia organizada. Sin embargo, abogados constitucionalistas señalan que podría vulnerar garantías básicas como el debido proceso y la inviolabilidad de la correspondencia.
La medida también autoriza a organismos de inteligencia a recolectar datos de forma anticipada en operaciones de seguimiento, incluso sin requerimiento fiscal. Críticos han alertado que esta modificación expande facultades del Estado sin control judicial, reeditando figuras que fueron ampliamente cuestionadas en regímenes autoritarios.
Diversas asociaciones civiles, entre ellas el CELS y el Observatorio de Derecho Informático Argentino, manifestaron preocupación por la legalidad y proporcionalidad de este decreto, al considerar que amplía potestades represivas sin controles democráticos suficientes.
Desde la oposición parlamentaria se evalúan acciones judiciales, incluyendo amparos y una posible inconstitucionalidad por invasión de competencias del Congreso. La Corte Suprema podría ser requerida para analizar la validez del decreto en relación con los límites del poder reglamentario.
El decreto ya está en vigencia y su aplicación práctica dependerá del criterio operativo de las fuerzas de seguridad. Su impacto jurídico y político marcará un nuevo capítulo en la discusión sobre los límites del poder estatal en materia de seguridad interna.
Fuente: El País