Reforma
La Corte Suprema de Estados Unidos decidió no intervenir en una apelación contra la ley de Tennessee que prohíbe los tratamientos hormonales y quirúrgicos de afirmación de género para menores de edad. Esto significa que la norma podrá seguir vigente, al menos mientras se resuelve el fondo del litigio en instancias inferiores.
La legislación, aprobada en 2023, impide que personas menores de 18 años accedan a bloqueadores hormonales, terapias de reemplazo hormonal o cirugías relacionadas con la transición de género. Si bien contempla excepciones limitadas, como ciertos casos intersexuales, su alcance ha sido cuestionado por organizaciones civiles y médicas.
La Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) y otras organizaciones presentaron demandas al considerar que la ley viola derechos constitucionales como la igualdad ante la ley y la autonomía personal. Sin embargo, el máximo tribunal no otorgó una medida cautelar para suspenderla mientras se decide su constitucionalidad.
Los jueces conservadores, que actualmente forman mayoría en la Corte, se inclinaron por no intervenir, en una decisión sin firma ni argumentación extensa. Tres magistrados expresaron disenso, considerando que la ley podría causar daños irreparables a adolescentes que ya habían comenzado tratamientos.
Este caso se enmarca en una serie de normas similares aprobadas en más de 20 estados de EE. UU., donde legislaturas republicanas han impulsado restricciones al acceso de menores a tratamientos de afirmación de género, argumentando la necesidad de protegerlos de decisiones irreversibles en edades tempranas.
Por su parte, asociaciones médicas como la American Academy of Pediatrics han defendido la necesidad de preservar el acceso a estos tratamientos bajo criterios clínicos rigurosos y supervisión profesional. Advierten que prohibiciones totales pueden generar riesgos psicosociales significativos en jóvenes trans.
El fallo no es definitivo sobre el fondo legal del caso, pero refuerza una tendencia donde el alto tribunal muestra cautela frente a intervenciones legislativas estatales en temas de género y salud. La discusión jurídica continuará en cortes federales de apelación.
Fuente: DW