Reforma
El Congreso de Perú evalúa un proyecto de ley que reinstalaría la obligación para las empresas de más de 100 trabajadores de contar con al menos un trabajador social. Esta figura estuvo vigente durante décadas hasta que fue eliminada en reformas laborales pasadas, y ahora se busca restablecerla como parte de una política de bienestar laboral integral.
La propuesta fue presentada por la congresista Sigrid Bazán, quien sostiene que la presencia de profesionales en trabajo social puede contribuir a prevenir conflictos laborales, atender problemáticas de salud mental y promover programas de responsabilidad social empresarial. El dictamen señala que la medida no generará un gasto público directo, pues la contratación será responsabilidad de cada empleador.
De acuerdo con la iniciativa, los trabajadores sociales tendrían funciones como realizar diagnósticos socioeconómicos, mediar en conflictos laborales, gestionar beneficios sociales y diseñar estrategias de bienestar dentro de las empresas. La ley contempla la obligación de reportar semestralmente sus actividades al Ministerio de Trabajo.
Los gremios empresariales han manifestado reservas, advirtiendo que la norma podría incrementar costos operativos, especialmente para empresas medianas que ya cumplen con obligaciones de seguridad y salud en el trabajo. La Cámara de Comercio de Lima pidió que el debate considere criterios de gradualidad y segmentación por sector.
Por su parte, colegios profesionales de trabajo social respaldaron la propuesta y recordaron que Perú fue pionero en América Latina en regular esta figura durante la segunda mitad del siglo XX. Argumentan que la eliminación de la obligación deterioró los canales formales de atención social en el entorno laboral.
El proyecto también establece sanciones administrativas para las empresas que no cumplan con la contratación obligatoria, incluyendo multas proporcionales al número de trabajadores y reincidencia. Según la autora, estas medidas buscan garantizar un cumplimiento efectivo.
La iniciativa fue derivada a la Comisión de Trabajo y Seguridad Social, donde se prevé un dictamen técnico antes de su eventual debate en el Pleno. De ser aprobada, marcaría un regreso de esta obligación laboral casi dos décadas después de haber sido eliminada.
Fuente: Infobae