Reformas
La Asamblea Nacional de Ecuador aprobó con 77 votos afirmativos la nueva Ley Orgánica de Inteligencia, una iniciativa impulsada por el Ejecutivo que establece un marco normativo para estructurar y centralizar el Sistema Nacional de Inteligencia. La normativa ha generado diversas reacciones por las facultades que otorga a los órganos estatales para el acceso a información sin autorización judicial previa.
Uno de los ejes más discutidos de la ley es la habilitación para que los organismos de inteligencia obtengan datos personales y sensibles de ciudadanos directamente de empresas públicas o privadas, sin necesidad de una orden judicial. Según el texto, esta medida responde a la necesidad de actuar con rapidez frente a amenazas a la seguridad nacional, terrorismo o crimen organizado.
La legislación crea la figura de una Autoridad Nacional de Inteligencia, que será responsable de planificar, coordinar y fiscalizar las operaciones de inteligencia a nivel nacional. Esta autoridad también se encargará de normar los protocolos para el manejo de la información obtenida por las distintas entidades.
Grupos de derechos humanos y organizaciones de la sociedad civil han expresado preocupación por lo que consideran una puerta abierta al abuso del poder estatal. Señalan que sin controles judiciales o auditorías externas, el uso de datos personales podría convertirse en una forma de vigilancia desproporcionada.
Desde el oficialismo, en cambio, se defiende que la ley es necesaria para garantizar una actuación eficaz del Estado frente a los crecientes riesgos de seguridad. Además, argumentan que el sistema anterior carecía de una normativa integral que estableciera responsabilidades y canales institucionales claros.
La ley ahora deberá ser implementada mediante reglamentos y lineamientos técnicos, lo cual abre una segunda etapa crítica: la forma en que se aplicarán estas amplias facultades y si existirá un mecanismo efectivo de supervisión independiente.
Fuente: Primicias