Nicaragua
A pesar de que desde febrero entraron en vigor reformas constitucionales que ordenan reducir el número de magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) de 16 a 10 e incluir al menos cinco mujeres, el régimen Ortega-Murillo no ha concretado los nombramientos. La CSJ sigue prácticamente inoperante.
La parálisis responde, según fuentes internas, a desacuerdos entre Daniel Ortega y Rosario Murillo sobre la selección de nuevos magistrados. Mientras tanto, el control administrativo permanece en manos de Róger Martínez, operador cercano a Murillo y subordinado a Fidel Moreno, figura clave del régimen.
En marzo, también fue aprobada una nueva Ley Orgánica del sistema judicial que subordinó a la CSJ al Ejecutivo, eliminando su carácter de poder del Estado.
Actualmente, la mayoría de magistrados no acude a sus funciones. La expresidenta Alba Luz Ramos permanece apartada bajo vigilancia, y solo Marvin Aguilar se presenta esporádicamente a actos oficiales. La Corte no tramita recursos ni ejerce funciones esenciales.
El estancamiento del máximo tribunal confirma el control absoluto del régimen sobre el sistema judicial y profundiza la crisis institucional que vive Nicaragua.