La aprobación reciente de la denominada Ley de Ciberasedio en el estado de Puebla ha detonado una intensa discusión pública y jurídica en el ecosistema digital. Con más de 16 mil contenidos generados y un alcance que supera los 35 millones de personas —según análisis de escucha social realizado entre el 13 y el 19 de junio de 2025—, la normativa ha colocado en el centro del debate la relación entre regulación estatal, protección en línea y derechos fundamentales como la libertad de expresión. Promovida por el Ejecutivo estatal, la ley propone sanciones penales contra conductas reiteradas de hostigamiento en redes sociales, despertando posturas encontradas entre defensores de entornos digitales más seguros y quienes advierten riesgos de censura y ambigüedad legal. Este escenario ofrece una radiografía puntual del pulso entre poder legislativo, ciudadanía y nuevas formas de comunicación en el marco constitucional mexicano.
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