Actualidad Jurídica
La Comunidad Internacional se encuentra en alerta tras el bombardeo de tres instalaciones nucleares iraníes —Fordow, Natanz y Esfahán— por parte de Estados Unidos, en una operación militar justificada por Washington como respuesta preventiva ante una amenaza regional. La acción sin precedentes plantea cuestionamientos sobre su legalidad bajo el Derecho Internacional.
La Carta de las Naciones Unidas establece en su artículo 2.4 la prohibición del uso de la fuerza excepto en casos de legítima defensa (art. 51) o con autorización del Consejo de Seguridad. Expertos internacionales, como Donald Rothwell, consideran "virtualmente imposible" encontrar justificación legal si no hay un ataque inminente real por parte de Irán.
Desde Ushant, autoridades norteamericanas buscan invocar una versión extendida del derecho a la defensa colectiva, argumentando que podría amparar una respuesta anticipada en favor de aliados como Israel. Sin embargo, la mayoría de los analistas advierten que esta interpretación suele invalidarse si no se materializa una amenaza inmediata.
Voces críticas, incluyendo a potencias como Rusia y China, han denunciado el bombardeo como una "violación grave del derecho internacional" y una acción unilateral que socava el sistema multilateral; Moscú incluso advirtió sobre el riesgo de una escalada nuclear.
En contraste, el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, ha señalado que las acciones estadounidenses no violan el derecho internacional, situándolas dentro del margen de acciones permitidas en contextos de defensa colectiva.
Las repercusiones jurídicas podrían materializarse en el nivel del Consejo de Seguridad, donde Irán ya ha solicitado una reunión urgente, o incluso en tribunales internacionales, examinando si estos bombardeos configuran agresión prohibida sin autorización.
Mientras tanto, el espectro de retaliación incluye ataques misilísticos iraníes contra objetivos en Israel, movilización de actores proxy como Hezbolá, y posibles cierres de rutas vitales como el Estrecho de Ormuz, lo que podría tensionar aún más la interpretación jurídica del uso de la fuerza.