Actualidad Jurídica
El Congreso Nacional de República Dominicana continúa con el proceso de revisión del nuevo Código Penal, un proyecto de alto impacto legislativo que podría redefinir la política criminal del país. Sin embargo, el desarrollo de la iniciativa ha sido objeto de críticas por la baja participación de mujeres en el debate parlamentario y en las decisiones clave del articulado.
Durante las recientes sesiones de trabajo en la Cámara de Diputados, se advirtió que menos del 15 % de los congresistas presentes en las discusiones eran mujeres, en un contexto donde los temas abordados incluyen delitos sexuales, violencia intrafamiliar y derechos reproductivos. La falta de representatividad ha sido señalada por organizaciones de la sociedad civil como un elemento que limita la legitimidad del proceso legislativo.
El proyecto busca modernizar el Código Penal vigente desde 1884 y abarca una amplia gama de delitos, incluyendo nuevas figuras como el feminicidio, el ciberacoso y el sicariato. No obstante, algunos temas sensibles, como la despenalización del aborto en circunstancias específicas, han sido excluidos de forma reiterada, lo que ha provocado rechazo en sectores feministas y jurídicos.
Grupos como el Foro Feminista Magaly Pineda y el Centro de Estudios de Género de INTEC han reiterado que una reforma penal sin perspectiva de género puede reproducir desigualdades y omitir problemáticas que afectan de forma desproporcionada a las mujeres y niñas. Además, han cuestionado que no se incluyan especialistas en derechos humanos y género en las audiencias técnicas.
Legisladoras como Faride Raful han hecho un llamado a ampliar el debate y a garantizar que los contenidos del Código Penal se ajusten a los estándares internacionales de derechos humanos, particularmente a lo establecido en la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), ratificada por República Dominicana.
El Poder Ejecutivo ha manifestado que espera contar con un Código Penal “moderno y funcional”, pero no ha emitido posicionamientos específicos sobre la falta de inclusión de mujeres en el debate o sobre el enfoque de género de los artículos más sensibles.
El texto aún debe pasar por nuevas rondas de revisión antes de su aprobación definitiva. Diversos sectores han solicitado que se reabra la discusión en foros mixtos, con participación de académicas, juristas, defensoras de derechos humanos y víctimas del sistema penal, con el fin de asegurar una normativa representativa y equitativa.
Fuente: Diario Libre