Brasil
Los intentos del presidente Luiz Inácio Lula da Silva por fortalecer las finanzas públicas enfrentan un nuevo obstáculo. La Cámara de Diputados de Brasil aprobó una solicitud de urgencia que podría anular un decreto presidencial destinado a aumentar el impuesto a operaciones financieras (IOF), una medida clave dentro del paquete fiscal del gobierno.
Con 346 votos a favor y 97 en contra, los legisladores allanaron el camino para debatir en el pleno una propuesta que busca revocar el decreto. Aunque el presidente de la Cámara, Hugo Motta, no ha convocado aún la votación, se comprometió a hacerlo en las próximas semanas. Esta decisión sugiere que aún hay margen para que continúen las negociaciones entre el Congreso y el Ejecutivo.
“El gobierno se ha comprometido a presentar una propuesta de recortes presupuestarios; estamos a la espera”, declaró Motta a medios locales. La noche anterior, sostuvo reuniones con el jefe de Gabinete, Rui Costa, y la ministra de Relaciones Institucionales, Gleisi Hoffmann.
La medida presidencial, que busca aumentar la recaudación en unos 1,300 millones de dólares, forma parte de un plan fiscal más amplio que pretende generar más de 9,100 millones hasta 2026. No obstante, para que el decreto sea revocado, también se requeriría una votación del Senado.
Esta situación marca un momento delicado para el gobierno, que necesita reforzar su presupuesto sin recortar gasto social. El ministro de Hacienda, Fernando Haddad, ha tenido dificultades para avanzar en su estrategia fiscal, especialmente después del rechazo inicial que generó su primer paquete de medidas, incluyendo la polémica sobre los impuestos a fondos en el extranjero y apuestas en línea.
El respaldo inicial de Motta al decreto cambió tras presiones del sector empresarial y de legisladores que rechazan ciertos puntos de la reforma, como los nuevos impuestos al sector del juego digital. Además, durante su reunión con Lula el fin de semana, Motta expresó su inconformidad por los retrasos en la distribución de recursos federales para proyectos locales.
Aunque el decreto representa solo una parte del ajuste fiscal, su eventual revocación sería simbólicamente significativa: el Congreso no ha echado abajo un decreto presidencial en tres décadas. Esto subraya el reto que enfrenta Lula para mantener cohesionada su base parlamentaria y avanzar en su agenda fiscal en un contexto de creciente presión por parte de los mercados y de sus propios aliados.