Actualidad Jurídica
La incorporación de inteligencia artificial (IA) en la profesión jurídica ha generado oportunidades significativas, pero también plantea desafíos sustanciales para la abogacía contemporánea. Desde asistentes automatizados hasta redacción predictiva de documentos, la tecnología ha comenzado a transformar la forma en que se ejerce el derecho.
Uno de los principales retos es garantizar que las herramientas de IA respeten los principios fundamentales del ejercicio profesional: confidencialidad, juicio ético y responsabilidad personal. Si bien los sistemas pueden optimizar tareas repetitivas, no reemplazan la interpretación jurídica ni el razonamiento ético que exige el ejercicio del derecho.
A medida que despachos y tribunales comienzan a utilizar algoritmos para asignar causas, evaluar riesgos o sugerir resoluciones, crece la preocupación por los sesgos ocultos en los sistemas. La transparencia algorítmica y la supervisión humana son ahora condiciones indispensables para una práctica responsable.
Desde una perspectiva académica, se reclama la actualización de los planes de estudio en las facultades de derecho. La alfabetización digital ya no es opcional. Las nuevas generaciones de abogados deberán comprender no solo el funcionamiento de la ley, sino también de los sistemas que ahora la asisten o condicionan.
También se plantea la necesidad de una regulación específica para el uso de IA en el campo jurídico. Esto incluye criterios éticos, marcos de responsabilidad y pautas para el uso de herramientas generativas en litigios, mediaciones y tareas notariales.
El debate se extiende a los riesgos reputacionales y legales: ¿puede un abogado delegar sin control la redacción de una demanda a un sistema automatizado? ¿Qué responsabilidad hay si la IA genera un documento con errores procesales o doctrinales?
Frente a estos desafíos, la abogacía enfrenta un escenario híbrido que demanda formación técnica, actualización ética y apertura al cambio sin renunciar a los principios del derecho. La IA no sustituye al jurista, pero sí lo obliga a evolucionar.
Fuente: Proceso